El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de noviembre, recoge aspectos de interés en materia de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas. Según se informa en la página Web de la Dirección General de la Economía Social (Ministerio de Trabajo e Inmigración), en materia de economía social el anteproyecto de Ley modifica el artículo 93 de la Ley Estatal de Cooperativas, referente a las cooperativas agrarias, con el fin de que se preste un mejor servicio a los agricultores.

Concretamente, la Disposición final tercera del Anteproyecto de Ley dice: ?Se da nueva redacción al apartado d), del artículo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, que queda como sigue:

2. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas agrarias podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la cooperativa o de las explotaciones de los socios, entre otras, la prestación de servicios por la cooperativa y con su propio personal que consista en la realización de labores agrarias u otras análogas en la mencionadas explotaciones y a favor de los socios de la misma?.

Por otra parte, en temas de trabajo autónomo se incorpora el concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente (TAED), recogido en el Estatuto del Trabajo Autónomo, a los efectos de las reducciones por actividades económicas recogidas en el artículo 32 de la Ley del IRPF (Artículo 47 del Anteproyecto de Ley).

Por último, en cuestiones de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) se promociona la RSE estableciendo características e indicadores para la autoevaluación en esta materia. Aquellas empresas que cumplan un mínimo podrán ser acreditadas como empresas socialmente responsables por el Observatorio del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Artículo 40 del Anteproyecto de Ley).

Por otra parte, se incorpora a los planes estratégicos de las empresas públicas criterios vinculados con la sostenibilidad. Para ello se elaborarán memorias anuales que cumplan con este objetivo (Artículo 36 del Anteproyecto de Ley).

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Fuente: Observatorio Español de la Economía Social