El Consejo de Ministros del pasado 26 de febrero centró de nuevo su atención en los colectivos más afectados por la crisis económica y especialmente en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El Consejo aprobó las medidas que reforzarán e integrarán este año el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que las nuevas iniciativas se centran en áreas como la atención directa al ciudadano en riesgo de exclusión y "apuestan por dotar con más recursos a las organizaciones locales y a las organizaciones de acción local". Asimismo, refuerzan el desarrollo de entidades de apoyo como los centros especiales de empleo, las asociaciones, empresas de inserción o las cooperativas.

Fernández de la Vega apuntó que dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local “los Ayuntamientos pondrán en marcha más de 2.000 programas de inclusión social por valor de casi 300 millones de euros, que beneficiarán a más de un millón de personas.

Por su parte, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en su comparecencia junto a la vicepresidenta ante los medios de comunicación, subrayó que las nuevas medidas aprobadas están encaminadas a reforzar la atención directa a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a través de los Ayuntamientos y de las ONGs.

Además, la ministra precisó que se incrementarán los recursos de las ONGs gracias a la creación de un fondo extraordinario de 30 millones de euros para el desarrollo de programas de inclusión activa que combinarán la activación para el empleo con una adecuada cobertura de renta y acceso a servicios de calidad.

La titular de Sanidad y Política Social también señaló que el Ejecutivo incrementará el porcentaje y la cantidad de la subvención del 0,7% del IRPF destinada a los programas de exclusión social. Este año, dijo, la recaudación del 0,7% alcanzará los 205 millones de euros, que es “la mayor cantidad que se ha repartido en la historia de este programa", y supone 14 millones de euros más que en 2009 para las ONGs. De esta manera, estas organizaciones podrán atender a 485.000 personas más.

Ley de Economía Social

La ministra, por otra parte, recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el Gobierno tiene previsto presentar en unos meses al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Economía Social, que regulará las entidades del sector y promoverá su desarrollo.

La Ley definirá los rasgos básicos de la economía social en España, y reconocerá entre las entidades que la componen a las cooperativas, sociedades laborales, mutuas y mutualidades, asociaciones y fundaciones privadas, así como a entidades similares, cuya organización y funcionamiento responda principalmente a los principios de la economía social. Entre estas últimas cabe incluir a las sociedades agrarias de transformación, las cofradías de pescadores, las empresas de inserción, la mayoría de los centros especiales de empleo y los grupos empresariales de la economía social.

El Gobierno, según Jiménez, entiende que estas entidades "son una fuente de riqueza y creación de empleo extraordinario, porque representan el 10% del empleo nacional y el 5% del PIB".

Además, la ministra avanzó que se van a introducir criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en su plantilla a más de un 2% de trabajadores con discapacidad.

Asimismo, se incentivará la contratación de personas en riesgo de exclusión social proponiendo un acuerdo, en el ámbito del diálogo social, para incrementar la bonificación de los contratos establecidos por la Ley de Empresas de Inserción.

Imagen: Mª Teresa Fernández de la Vega y Trinidad Jiménez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.