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| Las organizaciones de la economía social dan ejemplo de innovación |
| Un grupo de ocho expertos analiza cómo surgen cooperativas, sociedades laborales o fundaciones ante la falta de iniciativa empresarial convencional |
| La investigación y el desarrollo (I+D) no está al alcance de todas las empresas, pero la innovación (+i) es accesible para el 100% de las compañías. Este es el mensaje que envía desde el Ministerio de Industria, la directora general de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, María R. Callejón. Según explica esta responsable del Gobierno, en todos los ámbitos económicos se habla mucho hoy en día de I+D+i, pero las empresas están recibiendo un mensaje confuso, ya que, en su opinión, lo que debe trasladarse a los emprendedores es que deben innovar o lo que es lo mismo algo tan sencillo como poner en el mercado un servicio o un producto que no existía o crear un nuevo e imaginativo sistema de gestión dentro de la empresa. No puede haber un acelerador de partículas en cada ciudad, insiste Callejón, usando un ejemplo práctico de lo que significa que no todas las empresas tengan acceso al I+D, pero sí a la innovación (+i). De esta idea parte el coloquio celebrado en Cinco Días en el que ocho expertos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) analizaron los efectos de la innovación en este sector formado fundamentalmente por las cooperativas, las sociedades laborales o las fundaciones y que en España facturan más de 87.000 millones de euros (7% del PIB) y emplea a 2,2 millones de personas. Grandes y conocidos grupos como Mondragón o Fagor, importantes mutualidades como la Mutua Madrileña de Seguros, las miles de cooperativas agrarias del país o los centros de inserción y centros especiales de empleo, pertenecen también a este sector. La primera innovación de la economía social se encuentra en el propio origen del sector, ya que estas sociedades surgen siempre como una respuesta imaginativa e innovadora ante la falta de iniciativa empresarial convencional. Sin embargo, el director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, precisa que si bien este tipo de organizaciones surgieron como un elemento anticíclico, de respuesta a las crisis, últimamente se ha comprobado que también puede ser cíclico, ya que en los últimos diez años mientras el empleo en general ha crecido un 43%, en la economía social ha aumentado un 63%. El responsable de Trabajo, destacó que el elemento diferenciador de las organizaciones del sector de la economía social, respecto a los sectores tradicionales no es el tamaño de la empresa sino la forma de tomar decisiones. De hecho, recordó que la economía social, fue pionera en aplicar, algo que hoy está tan de moda como la responsabilidad social corporativa, ya que los trabajadores son los dueños y eso es el nivel más alto de este nuevo concepto de funcionamiento empresarial. En cualquier caso, los responsables del Gobierno insisten en que al igual que el resto de las empresas, las organizaciones de la economía social deben apostar por la innovación, entendida ésta como: más calidad en los productos; mejores prestaciones; diseño; nuevos servicios; novedades en la entrega y en la fase posventa; ventas por internet; mejoras en las técnicas de marketing o introducir gestión logística. En el caso de que las pequeñas cooperativas o sociedades laborales carezcan de personal formado para alguna o todas estas sugerencias de innovación, la directora general de la Pyme del Ministerio de Industria sugiere que recurran a la contratación de servicios externos especializados. Dichos servicios expertos pueden preparar planes estratégicos de desarrollo empresarial para 3 o 5 años; desarrollar proyectos tecnológico o implantar tecnologías de la información y la comunicación en la gestión empresarial. Pero ante estas posibilidades que sugiere el Gobierno, Rafael Calvo Ortega, catedrático de derecho financiero y tributario, presidente de la Fundación Iberoamericana de la Economía Social y ex ministro de Trabajo se queja de que existe un divorcio enorme entre los planteamientos teóricos de la economía social y la realidad de la calle. Este día a día hace que los trabajadores no se planteen siquiera ganarse la vida con la economía social. Prueba de ello es que las encuestas oficiales indican que el 80% de los españoles quiere ser funcionario como primera opción de vida y después trabajar para una multinacional, pero lo último siempre es la economía social, ironiza Calvo Ortega. Dicho todo esto, en su opinión, la principal apuesta por la innovación que debe hacer la sociedad española es innovar en el comportamiento ciudadano, de forma que cambie su pasividad ante la economía social en una actitud activa: hay que transmitir a los trabajadores que se responsabilicen de su propio empleo. Pero para ello, el ex ministro de Trabajo encuentra un gran déficit de formación. En España hace falta formar responsables en el ámbito de la economía social, porque en toda cooperativa hace falta un líder, de lo contrario el proyecto fracasará con toda seguridad. Otra demanda relacionada con la formación, fue la sugerida por el presidente de CEPES, Marcos de Castro, quien asegura que una de las claves para fomentar el sector es conseguir una mayor conexión entre la universidad y los investigadores con la empresa. El sector de la economía social reclama más avances en el terreno de la financiación de proyectos. En concreto, Calvo Ortega demanda a las entidades financieras innovaciones orientadas a disminuir la responsabilidad del emprendedor, y sugiriere el fomento de las sociedades de garantía recíproca y las uniones temporales de empresas (UTE). El diputado socialista y responsable de la Subcomisión de Responsabilidad Social del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, abordó el problema de la territorialización del I+D+i, defendiendo que la investigación no se puede descentralizar, pretender ser autónomos en esta materia es absurdo. Por el contrario, defiende, al igual que los responsables gubernamentales, que el desarrollo y, sobre todo, la innovación sí son territorializables. Descendiendo al ámbito de las experiencias empresariales, José Luis Martínez, que dirige Fundosa, la división empresarial creada por la Fundación ONCE para generar y gestionar empleo para personas con discapacidad, cuenta el ejemplo de una iniciativa de economía social exitosa. La facturación de las 34 empresas filiales del grupo supera los 163 millones de euros; cuenta con 176 centros de trabajo y una plantilla de 5.185 trabajadores y más de 11.600 personas si se incluyen las 36 empresas participadas. El 75% de estos trabajadores son discapacitados. En la cooperativa Mondragón, han decidido facilitar la infraestructura que necesitan las empresas para la innovación, explica Andoni Gartzia, director Gerente del Polo de Innovación Garaia. Esta iniciativa alberga las unidades de I+D de empresas que deciden deslocalizar sus actividades en esta materia. Hemos cogido la parte más arriesgada, asegura Gartzia, ya que por lo general todo aquello relacionado con el conocimiento es lo último que las empresas separan de sus centros de toma de decisiones. Ramón Vives, de Can Enseya, explica que esta sociedad nació con el objetivo de formar a personas con grave riesgo de exclusión. En 2004 facturó 6,2 millones de euros y ha llegado a crear diez microempresas de servicios. Vives insistió en que hay que explicar a la sociedad que innovación es cualquier cosa que hagamos para mejorar nuestro producto o nuestro servicio. Las distintas apuestas del Gobierno La directora general de la Pyme del Ministerio de Industria, María R. Callejón lanzó un claro reproche a las empresas: En España el mayor déficit en I+D+i, radica en la poca inversión de la empresa privada. Los datos avalan este reproche ya que el esfuerzo del sector público español en I+D asciende al 0,43% del PIB, mientras el sector privado invierte el 0,47%. Esta diferencia es mucho mayor en la UE-15, donde el sector público dedica un esfuerzo del 0,67% y las empresas, el 1,24% del PIB. En Estados Unidos el sector privado invierte, aún más, casi el 2%. Callejón defendió el esfuerzo del Gobierno español en este campo con el Programa Ingenio 2010, que cuenta tres programas estratégicos: el Cénit, para aumentar la cooperación pública y privada en I+D+i, con una dotación de 1.000 millones de euros; el programa Consolider, que persigue la excelencia investigadora, en el que se invertirán 1.500 millones de euros; y el plan Avanz@, que pretende fomentar el comercio y la facturación electrónicas y el comercio en interne. Este último programa es el más ambicioso, ya que cuenta con una dotación presupuestaria de 5.700 millones de euros para los próximos cinco años, con un efecto movilizador de otras administraciones y del sector privado en torno a los 30.000 millones de euros. Además, el Gobierno ha puesto en marcha el programa Profit, de apoyo a centros tecnológicos, que en 2005 ha otorgado subvenciones y préstamos por casi 20 millones de euros. |
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