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| El pleno del Consejo Económico y Social aprueba el dictamen del anteproyecto de la Ley de Dependencia |
| El CES pide que se concreten las prestaciones básicas, garantizando la equidad interterritorial, y el nivel del copago |
Martes, 21 de febrero de 2006
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado el dictamen del anteproyecto de la Ley de Dependencia y valoró el texto remitido por el Gobierno, aunque pidió que se concreten las prestaciones básicas, garantizando la equidad interterritorial, y el nivel del copago por parte de los usuarios.
El informe del CES, organismo consultivo en el que participan empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, fue aprobado con 42 votos a favor y 5 en contra, mientras que el representante de ELA, Mikel Noval, y varios miembros de las organizaciones de consumidores y de la economía social anunciaron votos particulares.
Según el dictamen, el sistema nacional de atención a las personas dependientes que creará la ley supone "un avance fundamental en el proceso de modernización del sistema español de protección social".
No obstante, es necesario que se precise en el texto el contenido mínimo de las prestaciones y servicios que garantizará la Administración General del Estado, de modo que "responda a los criterios de suficiencia" y satisfaga de manera digna las principales necesidades de las personas dependientes en todo el territorio nacional.
Tras el debate, se aprobó también una enmienda para que el Gobierno delimite en la ley los criterios generales que permitan determinar, en un posterior desarrollo reglamentario, la participación de los usuarios en el pago de las prestaciones.
El CES avala que la implantación del sistema de atención a las personas dependientes se haga de forma gradual, pero pide que se especifique que la financiación será "estable, suficiente y sostenida en el tiempo", "asegurando la corresponsabilidad de todos los sujetos implicados".
Por otra parte, destaca la necesidad de que, a la hora de planificar los recursos, junto al volumen de población dependiente se tenga en cuenta el peso de la población rural y sus dificultades de acceso a las prestaciones, "a fin de lograr el reparto equitativo de las recursos y la igualdad real en el acceso".
El dictamen llama también la atención sobre la importancia de que se articule adecuadamente el régimen de cooperación y de financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, de modo que el desarrollo del sistema se dote de "eficiencia y efectividad" a través de los convenios que se suscriban.
La ley, según el CES, debe crear un sistema con "una adecuada y suficiente red de prestaciones y servicios", y los convenios que firme el Gobierno con las Comunidades deben concretar su aplicación.
En otro de los puntos, denuncia la ausencia en la ley de un órgano similar a la Alta Inspección Sanitaria, encargado de verificar el cumplimiento de las competencias.
El CES entiende que en la definición de personas dependientes están incluidas las personas con falta de autonomía por una enfermedad mental, aunque no se las mencione expresamente._
A través de una enmienda, representantes de las organizaciones de consumidores y de la economía social pidieron que no se excluyera de la ley a los niños de entre 0 y 3 años con discapacidades, pero la mayoría rechazó la propuesta al considerar que debe ser el sistema sanitario y educativo el que se ocupe de ellos.
Por otra parte, en el dictamen se pide que se incluya una mención específica al régimen de compatibilidad de las prestaciones económicas del sistema de dependencia con otras ayudas sociales.
Los más críticos con el dictamen fueron los representantes de los sindicatos ELA y CIG, que defendieron sin éxito una enmienda a las conclusiones del informe.
Fuente: Datadiar |
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