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Fernández: “El acuerdo de Reforma Laboral es histórico por el acuerdo con los agentes sociales”
El consejero de Empleo destaca que todas las medidas siguen la línea de las políticas contempladas en el VI Acuerdo de Concertación Social
Jueves, 18 de mayo de 2006 El consejero de Empleo, Antonio Fernández, destacó en una comparecencia parlamentaria que el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo, firmado el pasado 9 de mayo por el Gobierno central y los agentes sociales, y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, es "sumamente positivo" porque contribuye a mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo y a impulsar el modelo de crecimiento económico, al tiempo que "viene a enlazar con la orientación y con las políticas" que desarrolla la Consejería de Empleo en el marco del VI Acuerdo de Concertación Social.

Antonio Fernández calificó el acuerdo de "histórico", ya que es el primer convenio sobre el mercado de trabajo que se firma entre organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno desde 1981. En este sentido, consideró que se trata de una reforma "equilibrada", ya que busca la conjunción de flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores; "viable", ya que huye de reformas estructurales no pactadas y proporciona así confianza; "eficaz", porque su propia existencia garantiza la paz social; y eficiente, porque el mismo acuerdo hace más fácil su aplicación en la práctica, al no haber agentes contrarios al mismo.

Para el consejero de Empleo, tanto la reforma laboral como el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía parten del mismo diagnóstico y similares necesidades, por lo que “las propuestas de ambos instrumentos son similares”. En este sentido, Fernández respaldó las principales medidas incluidas en el acuerdo estatal.

Así, dio su apoyo a las medidas dirigidas a impulsar el empleo, la contratación indefinida y la conversión del empleo temporal en fijo, bonificando y estimulando los nuevos contratos indefinidos y reduciendo las cotizaciones empresariales. Así, se prevé que pasen a fijos los trabajadores que en un período de 30 meses hubieran estado contratados durante 24 meses para la misma empresa mediante dos o más contratos temporales. Asimismo, el contrato para la formación se podrá celebrar con trabajadores de entre 16 y 21 años; mientras que se eliminará el contrato de inserción. Además, se modificarán los contenidos del Estatuto de los Trabajadores relacionados con la subcontratación.

Entre las medidas previstas destaca también el nuevo programa de bonificaciones y el Plan Extraordinario para la conversión de Empleo Temporal en Fijo, que atenderá especialmente a los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral; el mantenimiento de las bonificaciones para los trabajadores de 60 o más años; las ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y sustitución; los incentivos a los autónomos para la suscripción de contratos indefinidos; o la reducción de las cotizaciones empresariales. El consejero consideró interesante que las bonificaciones se hayan ampliado a cuatro años, ya que, en su opinión, contribuirá "a una mayor integración de los trabajadores, facilitándoles una estabilidad real".

Asimismo, consideró un "acierto" la reducción de las cotizaciones por desempleo de los contratos indefinidos, al incrementar los derechos de prestaciones, y reducir el diferencial real entre una modalidad y otra. En relación con la regulación de la subcontratación, el consejero explicó que las nuevas modificaciones ayudarán a fomentar un mayor control.

Antonio Fernández hizo referencia también a la Inspección de Trabajo, cuya plantilla se verá incrementada de los 772 inspectores y 799 subinspectores en activo a principio de la legislatura a los 954 inspectores y 923 subinspectores al final de ésta. Para el consejero, el reforzamiento personal y de medios de la Inspección en un propósito "compartido y solicitado" por la Administración andaluza.

Finalmente, Fernández recalcó el compromiso del Gobierno de adoptar las medidas necesarias para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, modificando la escala de duración de la prestación, eliminando los límites temporales de obtención de la renta agraria, favoreciendo la movilidad funcional y permitiendo el acceso de los desempleados con relación laboral fija discontinua durante los períodos de inactividad.

FUENTE: Junta de Andalucía
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