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Las gestiones con la Administración se realizarán por Internet en el 2009
El Gobierno ha aumentado un 12% la inversión para implantar la administración electrónica

El Ministerio de Administraciones Públicas ha puesto en marcha un plan de desarrollo de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Laescp), que da un plazo máximo de dos años a la Administración General del Estado para adecuar los procedimientos administrativos a las nuevas tecnologías. El Plan, que se aplicará en el ámbito de la Administración General del Estado, establece cuatro líneas de actuación y 21 medidas para adecuar a la Ley más de 2.500 procedimientos para antes del 31 de diciembre de 2009.

La ley marca el 31 de diciembre de 2009 como fecha límite para que todas las administraciones públicas ofrezcan de forma electrónica los servicios que prestan, agrupa en una norma común toda la regulación relacionada que hasta ahora se encontraba dispersa, consolida un régimen común de garantías y derechos de ciudadanos y empresas y adapta el marco jurídico a la realidad tecnológica actual, según los objetivos que recoge el Ministerio de Administraciones Públicas.

En un plazo de dos años, todos los ciudadanos podrán elegir el canal mediante el que se relacionan con la administración, no tendrán que aportar datos que ya estén en poder de las administraciones y en caso de tener que hacerlo, podrá ser en formato electrónico, utilizando para ello cualquier tecnología. Asimismo, se podrá consultar a través de internet el estado de cualquier trámite administrativo y se podrán obtener copias electrónicas de los documentos oficiales.

Por último, la norma establece un nuevo modelo de acceso a los servicios públicos a través de los puntos propios de cada departamento y a través de un punto de acceso global para que no sea necesario que el ciudadano tenga que conocer la estructura interna de la Administración para poder utilizarlos.

Para adaptarse a este escenario y cumplir con el plazo establecido, el Gobierno ha diseñado una estrategia basada en cuatro líneas de trabajo:

-Orientar los servicios públicos hacia los ciudadanos. A partir de ahora son las administraciones las que se tienen que preocupar por adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y no al revés. Para ello se prevé mejorar el acceso a los servicios públicos con el fin de que sean más fáciles de usar, más seguros y más innovadores, y los ciudadanos podrán participar en las gestiones. Para ello se interconectarán los servicios de información administrativa de los departamentos ministeriales y de los organismos públicos, creando una red de información única.

-Adecuar los procedimientos administrativos a la Ley. Todos los servicios públicos y trámites administrativos deberán ser accesibles electrónicamente a partir de 2010, con los requisitos que establece la Ley: información, descarga y envío de formularios cumplimentados, pago telemático y finalización del procedimiento sin requerir la personalización del ciudadano en dependencias públicas. Los trámites se simplificarán para reducir su carga administrativa, ya que de los más de 2.500 procedimientos existentes en la AGE, casi el 80% de todas las interacciones entre ciudadanos y administración se producen a través de poco más de 160.

-Crear, potenciar y compartir infraestructuras y servicios comunes. Se pondrá a disposición de todos los organismos infraestructuras que faciliten el desarrollo de las soluciones informáticas necesarias, garanticen la interoperabilidad y reduzcan los costes y tiempos de implantación. Una red de comunicaciones de alta velocidad y fiabilidad facilitará la interconexión de todas las redes de las Administraciones. El uso de estos servicios e infraestructuras es voluntario y basado en acuerdos entre organismos.

-Actuaciones horizontales que permitan que los servicios que se implementen cubran las expectativas de los ciudadanos. Se crearán un conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que han de tener en cuenta las administraciones públicas, se llevará a cabo un plan de formación para los empleados públicos en el conocimiento de la Ley, en administración electrónica y en el uso de las TIC, se creará una estructura de gestión y seguimiento del plan y un Centro de Transferencia de Tecnología y se mantendrá el Observatorio de Administración Electrónica.


Fuente: Expansión

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