La ley del Impuesto sobre Sociedades va a sufrir su tercera modificación de calado en apenas tres años. Será, además, una de las primeras normas que se tramitará en la nueva legislatura. Y, además, con cierta urgencia, pues es una reforma que trata de hacer más digerible el fuerte coste fiscal que supone para las empresas la aplicación del Plan General de Contabilidad (PGC).

Los responsables de Hacienda han terminado por asumir que la reforma contable no ha cumplido con el principio de neutralidad prometido. Las modificaciones que se han introducido en la manera de registrar y valorar los activos y las operaciones de las compañías han acabado por afectar de forma más intensa de lo esperado a la factura de las compañías con el Fisco.

Sobre todo, en el caso de la primera aplicación del PGC. La normativa contable establece que las empresas tienen que transformar sus estados contables de acuerdo con las nuevas reglas; y esta primera adaptación, según los despachos y asesores que han comenzado a analizar las cuentas de las compañías, tiene un importante impacto en el Impuesto sobre Sociedades.

Uno de los cambios con más repercusión fiscal es el que afecta a la provisión de cartera (la que sirve para cubrir posibles depreciaciones en las participaciones que posea la compañía). El PGC modifica la manera de valorar tales participaciones, al tener en cuenta todas las plusvalías tácitas, y no sólo parte de ellas. Ello supone, en muchos casos, un aumento de valor que se traduce en un abono en la cuenta de reservas, y que, fiscalmente, supone un ingreso, por el que hay que tributar.

Un efecto similar sucede con las diferencias positivas en los tipos de cambio de las divisas: una empresa que tenga su deuda en dólares se está viendo ahora beneficiada por su relación con el euro, pero el ajuste de esta partida también tiene implicaciones en el impuesto. Los expertos apuntan que hay más cambios que tienen impacto fiscal. Sólo se ha conseguido la neutralidad fiscal en el tratamiento del fondo de comercio y en los casos de constitución de sociedades, apunta un asesor.

Hacienda prepara una resolución en la que explicará sus criterios de interpretación de los efectos fiscales de la primera aplicación de la nueva contabilidad. Pero esa norma se queda corta, porque la solución para los problemas más graves necesita cambios de rango legal.

Estas dificultades que están teniendo las empresas en la aplicación del PGC han obligado ya a Hacienda a tomar medidas para facilitar el primer pago a cuenta de Sociedades. Así, el Consejo de Ministros aprobará el próximo día 18 un decreto ley ampliando el periodo de pago hasta el 5 de mayo (habitualmente, llega al 20 de abril) y permitiendo que opten libremente por el método de cálculo que más les convenga. Esa norma, además, permitirá que el pago a cuenta se pueda realizar sin tener en cuenta los efectos fiscales de los ajustes contables derivados de la entrada en vigor de la nueva normativa contable.

Tramitación del decreto ley
Hacienda va a aprovechar la tramitación parlamentaria de ese decreto ley para introducir más cambios en el Impuesto sobre Sociedades. El Pleno del Congreso tiene que convalidar la norma que le envíe el Gobierno, y luego, previsiblemente, los diputados aprobarán su tramitación como ley ordinaria.

En este trámite, se incorporarán, mediante enmiendas, diferentes medidas para suavizar el impacto fiscal del nuevo PGC (no se descarta establecer mecanismo de diferimiento) y para corregir algunos aspectos del impuesto que no están bien tratados.

La ley del Impuesto sobre Sociedades se modificó en el verano del año pasado, precisamente para adecuar el tributo a los cambios en la contabilidad (fue su segunda reforma, tras la de 2006, en la que se bajaron los tipos de gravamen y se eliminaron deducciones). Pero esas modificaciones se realizaron antes de la aprobación definitiva del PGC, y algunos de sus detalles técnicos quedaron desfasados.

A la espera de la nueva norma para grupos

A finales de noviembre del año pasado, el Gobierno aprobó el nuevo PC y sus versiones abreviadas para pymes y para microempresas. Las nuevas reglas se aplican desde el 1 de enero, lo que ha provocado muchas quejas de empresas y profesionales, sobre todo por el escaso tiempo que se ha tenido para preparar este cambio, y las pocas facilidades que se han dado desde la Administración.

Además, quedan flecos pendientes de la reforma contable, que están generando incertidumbre e inquietud. Por ejemplo, la norma que regula las cuentas consolidadas, que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas se ha comprometido a publicar antes de final de año, pero que expertos y compañías creen que debería aprobarse con cierta urgencia.

También está pendiente la publicación de las normas contables específicas para diversos sectores de actividad, y a los que el PGC, tal como está ahora, puede llevar a la quiebra. Por ejemplo, las compañías concesionarias de autopistas, aguas y otros servicios, que están fuertemente apalancadas.

La valoración de su nivel de endeudamiento, según las nuevas reglas contables, obliga a un fuerte desembolso por parte de los accionistas para que se mantenga su actividad. Por eso, requieren de un tratamiento que atienda a sus particularidades. En una situación similar están las eléctricas y las aseguradoras. Pero estos planes sectoriales tendrán que esperar hasta final de año.  
   
Fuente: Expansión