Los Ministros de Empleo de la Unión Europea han aprobado por mayoría cualificada una nueva Directiva de tiempo de trabajo que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales. España, junto con Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría se han abstenido en la votación y han presentado una declaración conjunta en la que piden a la Eurocámara que mejore la norma durante su tramitación posterior. Portugal y Malta también presentaron reservas.

La regla general será que la jornada de trabajo en la Unión Europea tenga 48 horas como máximo, pero se permitirá, en virtud de pactos individuales, ampliar la jornada a 60 horas, calculadas como media durante un periodo de 3 meses, e incluso hasta 65 horas en el caso de guardias médicas.

En relación con estas guardias médicas, el Tribunal de Justicia ha dictaminado en diversas ocasiones que deben considerarse como tiempo de trabajo y, sobre este punto, los Ministros de Empleo de la Unión Europea han acordado que el periodo inactivo de las guardias no sea considerado tiempo de trabajo, a no ser que se prevea lo contrario en las legislaciones laborales.

También se ha cerrado un acuerdo que fija las condiciones de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, estableciéndose que no puede mantenerse una desigualdad salarial de trato más allá de 12 semanas, aunque se ha presentado una propuesta de compromiso para garantizar la igualdad salarial desde el primer día.

En cuanto a la ampliación de la jornada, el empresario deberá obtener un consentimiento por escrito del trabajador, cuya validez no podrá ser superior a un año y será renovable, que no podrá firmarse en el momento de la rúbrica del contrato ni durante las cuatro primeras semanas desde el nacimiento de la relación laboral. Si existe un acuerdo entre los interlocutores sociales o así lo establece el convenio colectivo, se podrán superar las 60 e incluso las 65 horas laborales a la semana.

Primeras reacciones

El Ministro de trabajo, Celestino Corbacho, ha mostrado su desacuerdo con esta norma y ha reclamado a la Eurocámara que la rectifique en su segunda lectura, por considerar que representa una regresión en la agenda social. Considera, además, que no se ha tenido en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral y que no protege adecuadamente la salud de los trabajadores.

Por su parte, los sindicatos también han mostrado su postura contraria a esta Directiva. Así el Secretario General de CCOO, José María Fidalgo, ha afirmado que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) presionará al Parlamento Europeo para que estas directivas se modifiquen en el trámite de conciliación legislativa. CCOO asegura que, junto con UGT, tratarán de garantizar la prevalencia de la legislación nacional a la hora de la transposición de estas directivas.


Fuente:Lex Nova