La Confederación comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda para realizar sus aportaciones sobre el Proyecto de Ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía.

CEPES Andalucía ha comparecido ante el Parlamento de Andalucía para dar su parecer y realizar aportaciones sobre ciertas medidas tributarias y financieras tomadas por el Ejecutivo andaluz para dar impulso a la actividad económica.

El Vicepresidente de CEPES-A, Francisco Moreno Navajas, manifestó que la situación económica por la que atraviesa nuestra Comunidad requiere de actuaciones concretas y perentorias que corrijan lo que, de forma persistente, vienen anunciando los indicadores económicos y sociales, pues Andalucía comienza a dibujar un panorama económico ciertamente negativo.

En cuanto al contenido del Proyecto de Ley y, sin profundizar en valoraciones sobre su eficacia final, se mostró conforme con las medidas que se encaminan a facilitar la adquisición de la primera vivienda y a mejorar el beneficio fiscal existente cuando, además, se establecen criterios sociales para ser beneficiario, como el ser menor de 35 años o una persona discapacitada.

Con respecto a la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (reducción del 99 % sobre la base imponible) se espera que no afecte a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, tan necesarios en épocas como la que atravesamos.

En cuanto a las modificaciones que se establecen sobre las Tasas por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos y otros establecimientos alimentarios sujetos a revisión oficial, se entiende que el ejecutivo habrá tenido fundadas razones para su puesta en marcha, aunque en principio se pueda antojar como muy circunscrita a un fragmento económico.

Por último, las medidas contempladas como concesión de avales para respaldar la actividad productiva de las empresas e impulsar el sector de la vivienda, enmarcadas dentro de aquellas que intentan paliar las fuertes restricciones en el acceso al crédito que afectan particularmente a los ciudadanos con menores recursos, a las pequeñas empresas en general y, en particular, a las de Economía Social, puede ser la más interesante en cuanto a una mayor repercusión efectiva, de todas las contempladas en el Proyecto de Ley, pues medidas que faciliten el acceso a sistemas de financiación mediante avales flexibles pueden solventar problemas de liquidez inmediata y permitir sobrevivir a la crisis a sectores como los señalados. Aunque se entiende que debiera de complementarse con una clara apertura de líneas de microcréditos.

Las restricciones al crédito junto a la, por naturaleza, generalizada escasez de capital social y, por tanto, de las garantías financieras de las empresas de Economía social, hacen que padezcan con mucho mayor fuerza las consecuencias de las limitaciones crediticias establecidas por las entidades bancarias. Se debe tener en cuenta al respecto que las empresas cooperativas y demás fórmulas jurídicas de economía social se fundamentan, en contraposición a las empresas tradicionales (cuya base es el capital financiero), en el capital humano y en otros factores intangibles como la formación, la creatividad e innovación o en el apego al desarrollo local con fines últimos de carácter social y, por ello, padecen con especial virulencia las restricciones impuestas al crédito por las entidades bancarias. 

Se propuso por ello la introducción de mecanismos específicos, dentro de este apartado del Proyecto de Ley, que permitieran a las empresas de Economía Social sortear esta situación y poder seguir siendo instrumentos económicos y sociales de gran calado para generar riqueza y cohesión social y, por tanto, imprescindibles para salir de la actual situación económica, pues no son inmunes a los efectos críticos que genera la imposibilidad de hacerse con ciertas garantías financieras para poder iniciar o, incluso, continuar con la labor productiva y social que realizan en nuestra Comunidad.

Se espera que las medidas objeto de esta Ley contribuyan en parte a la reactivación de la situación económica actual, evitando con ello el deterioro social que está acarreando. Pero al mismo tiempo se precisa que el desarrollo de todas estas medidas, junto a otras que debieran de ponerse en práctica, debe sustentarse en unas políticas de continuo diálogo social, donde la participación no sea excluyente. La Economía Social es parte de la solución al problema, aunque, evidentemente debe de contar con una participación activa en todos los procesos de participación social que se desarrollen.

Por último, dado el foro parlamentario donde se desarrollo la intervención, CEPES-A no quiso dejar de pasar la oportunidad para poner de manifiesto que el desarrollo normativo adaptado a las demandas del Sector y a las peculiaridades de nuestra Comunidad de las distintas fórmulas de Economía Social, -entiéndase en este apartado las modificaciones a la actual Ley de Cooperativas, el desarrollo de una legislación propia sobre Sociedades Laborales, Empresas de Inserción y Mutualidades-, junto a políticas que fomenten la creación de empresas, el encaje presupuestario pertinente y el reconocimiento como interlocutor social de primer orden de la representación del Sector ayudarían, sin duda alguna, a superar la actual situación económica.

Fuente: CEPES Andalucía