El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, presentó al Consejo de Ministros un informe elaborado sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas de España.

Según informó el ministro, el Gobierno ha desarrollado distintas medidas tanto desde el punto de vista estrictamente normativo como desde el plano de instrumentos no jurídicos (estrategias, planes, guías, etc.), con el fin de favorecer el desarrollo sostenible y, por lo tanto, la responsabilidad social. El informe detalla acciones que van desde Leyes aprobadas en materia de dependencia, igualdad de género, empresas de inserción y medioambientales, hasta el apoyo a informes, cursos de formación y actuaciones de difusión de la RSE.

Por otra parte, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, creado recientemente, en su primera reunión y por recomendación unánime del Parlamento, del Foro de Expertos y de la Mesa de Diálogo Social, acordó abordar cuatro proyectos en materia de RSE: analizar el papel de la RSE ante la crisis económica y la implantación de un nuevo modelo productivo; promover la transparencia de las empresas y organizaciones públicas; fomentar el consumo e inversión, y fomentar la educación, formación y divulgación en materia de RSE.

Buenas prácticas en la Administración Pública

Además de la política de fomento de la RSE, el Gobierno en su gestión como Administración pública contempla criterios de Responsabilidad Social. Desde este prisma es procedente analizar cuatro aspectos que hacen de la Administración Pública actora en el proceso de implantación de la RSE: transparencia, empleabilidad, consumo e inversión:

• La transparencia es un elemento central que los poderes públicos deben tener hacia los ciudadanos.

• La empleabilidad socialmente responsable en el contexto político-económico actual es especialmente importante ya que no puede olvidarse que las Administraciones Públicas crean una parte importante de los empleos. Las acciones de conciliación van dirigidas en esa dirección pero hay que corregir la elevada tasa de temporalidad en el empleo que tienen las Administraciones Públicas.

• Igualmente, las Administraciones Públicas son consumidores y prestadores de bienes y servicios, por lo que los criterios sociales y medioambientales que puedan requerir en sus adquisiciones, las compras públicas (contratos públicos), y en la forma de prestar sus servicios son de especial relevancia, tanto en el aspecto interno como en las actuaciones externas.

• La Inversión Socialmente Responsable (ISR) debería analizar no solamente las estrategias genéricas para conseguir un mayor dinamismo del mercado, sino que debe profundizar en el papel que deben jugar las Administraciones como inversor.

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