Un grupo de expertos asesora al Gobierno en la elaboración de la primera ley de Economía Social de Europa, una norma que institucionalizará el sector económico que cubre el hueco entre el sector público y el privado y que menos empleo destruye.

Según ha indicado a EFE el presidente del grupo de expertos, el catedrático de la Universidad de Valencia José Luis Monzón, quien también preside el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), este papel de la Economía Social obliga a regular el sector y dotarlo de una Oficina Estadística.

Cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, asociaciones y fundaciones, ONG y otras entidades constituyen el grueso de un tercer gran sector integrado por 55.000 empresas en toda España, que emplean a 1,3 millones y unos 130.000 trabajadores, respectivamente, según datos del CIRIEC.

Todas ellas tendrán una cobertura legal unitaria por primera vez en la futura ley de la Economía Social, uno de los compromisos que figuraban en el programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones generales y que el Ministerio de Trabajo ha encomendado al grupo de investigadores que dirige Monzón.

Las entidades de la Economía Social no tienen nada que ver con las empresas capitalistas, ya que, aclara el investigador, "no se crean para retribuir a inversores, sino para dar un servicio", aunque tampoco suplen el papel del sector público, que únicamente atiende a intereses generales.

"El tercer sector surge para resolver problemas concretos de las familias y las personas", bien de carácter mutualista -como el de un grupo de agricultores que crea una cooperativa para evitar el despoblamiento de su comarca- o de carácter general -como el de una ONG de ayuda a los refugiados-, indica.

Entre las bondades de estas entidades económicas ha destacado que "están muy vinculadas al territorio y a la ciudadanía, se localizan donde hay problemas de relevancia social e introducen medidas de justicia y equidad".

Además, en materia de empleo, "son las que menos puestos de trabajo destruyen y las que más empleo crean", advierte Monzón, quien asegura que, no en vano, este sector "ha crecido en empleo tanto épocas de recesión como de auge".

Las cooperativas son un ejemplo: "están resistiendo la crisis en mejores condiciones que las empresas capitalistas normales, porque tienen una mayor capacidad de adaptación flexible al entorno", ha apuntado.

La mayor aportación de la nueva norma al sector será la de "darle visibilidad institucional", unificando todas las figuras jurídicas que identifican a cada entidad, y crear la Oficina Estadística de la Economía Social, para registrar las principales variables del sector, ha señalado.

Monzón confía en que la aprobación de esta ley "legitimará una nueva oleada de normas" que en el futuro permitirán crear un registro de entidades de interés colectivo y "cláusulas sociales", que darán prioridad a empresas con un "valor social específico" en los concursos de contratación pública, una fórmula que ya se aplica en Murcia y Andalucía.

"Esta ley no va a ser como el traje del emperador, muy bonito pero que no sirve para nada. Esta ley va a ser muy importante", asegura Monzón, cuyo grupo de expertos entregará en junio su propuesta articulada del proyecto de ley al Consejo de Fomento de la Economía Social del Ministerio de Trabajo.

Será el primer paso, según el catedrático, para "dar un empujón a este sector", que todavía no ha sido regulado por ningún país europeo porque "la economía social, pese a ser muy potente, no tiene una conciencia unitaria".

Junto a Monzón, forman parte del grupo de expertos el director del Instituto Universitario de Investigación de Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la UV, Rafael Chaves, y la directora adjunta de la revista CIRIEC-España, Isabel Gemma Fajardo. 

Fuente: www.adn.es